El TSJ de Canarias investiga el uso de citas jurídicas falsas generadas por inteligencia artificial en un recurso de apelación
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha acordado investigar la actuación de un abogado por la posible utilización de citas jurídicas inexistentes en un recurso de apelación, presuntamente generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. La decisión se adopta en el marco de una sentencia que confirma la absolución de un acusado de agresión sexual, dictada previamente por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El pronunciamiento no solo resuelve el fondo del asunto penal, sino que introduce un debate de creciente actualidad en el ámbito jurídico: los límites y riesgos del uso de la inteligencia artificial en la elaboración de escritos procesales.
Jurisprudencia inexistente y documentos no verificados
Al examinar el recurso presentado por la acusación particular, el TSJC detectó la cita de al menos siete supuestas sentencias del Tribunal Supremo que no figuran en las bases de datos jurídicas disponibles. Junto a ellas, el escrito hacía referencia a un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil, fechado en 2019, cuya existencia tampoco ha podido ser confirmada por el Tribunal.
La Sala califica estas referencias como apócrifas y subraya que su presencia reiterada impide considerarlas un simple error material. Según la resolución, las citas se presentaban con un grado de detalle y precisión que simulaba su procedencia de fuentes auténticas, lo que incrementa la gravedad de la conducta apreciada.
Investigación por posible vulneración de la buena fe procesal
Ante estos hechos, el TSJC ha ordenado la apertura de una pieza separada para depurar las posibles responsabilidades del letrado. La investigación se ampara en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impone a las partes y a sus representantes el deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe procesal, y en los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De confirmarse la infracción, el abogado podría enfrentarse a una sanción económica y, además, a la comunicación de los hechos a su colegio profesional para valorar eventuales responsabilidades disciplinarias.
Impacto y consecuencias para el sector jurídico
Desde una perspectiva informativa, la resolución del TSJC trasciende el caso concreto y lanza un mensaje claro al conjunto de la profesión jurídica. El Tribunal no cuestiona el uso de herramientas tecnológicas como apoyo al trabajo legal, pero recuerda que su empleo no exime al profesional de verificar la veracidad de las fuentes ni de asumir la responsabilidad plena sobre el contenido de sus escritos.
El caso se perfila así como un aviso relevante en un contexto de creciente digitalización de la justicia, en el que la fiabilidad, el rigor y la transparencia siguen siendo pilares esenciales del ejercicio profesional.
